2. La
economía propia contra el modelo de despojo
El avance y profundización del modelo neoliberal ha generado
graves perjuicios a la economía nacional, en especial a las formas de
producción, comercialización y consumo propias de las comunidades campesinas,
indígenas y afrocolombianas. Lo anterior ha impactado negativamente la
soberanía alimentaria de los pueblos y de la nación. Las normas que regulan el
libre mercado han generado un modelo de despojo que afecta el buen vivir de las
y los pequeños productores, favoreciendo los intereses de latifundistas y
multinacionales del agro. Como resultado se han afectado no solo los intereses
económico de las comunidades rurales, sino las prácticas culturales y de vida
asociadas a estos.
Por lo anterior, Exigimos:
- La transformación del modelo productivo del país, apuntando a una política
económica planificada y agroecológica, que regule el mercado, basada en el
fortalecimiento de la economía campesina, ind ue se debe impulsar un ento a
unao del paenamineto terrstencia de las comunidades agrarias. las comunidades campsinas
os y comuígena y afrocolombiana. Ese nuevo modelo debe impulsar un sistema de
economía campesina que desarrolle una política pública para recuperar el campo
colombiano de la quiebra generada por las políticas aperturistas y de libre
comercio.
- La implementación de una política que restrinja y regule el uso y precio de
los agroquímicos, así como el inicio de un proceso de reconversión de la
producción nacional hacia un modelo agroecológico, creando un sistema nacional
de asistencia técnica basada en el respeto al ambiente y a los saberes
tradicionales de los pueblos y comunidades.
- Condonación de las deudas y retiro de los embargos a tierras y propiedades
del campesinado adquiridas a través del sistema financiero y acceso al crédito
agropecuario con tasas no determinadas por la lógica de mercado.
- Creación y fortalecimiento de cooperativas de ahorro para el campesinado y
comunidades rurales, con financiación del Estado y dirigidas por las
organizaciones comunitarias.
- El desmonte de todos los tratados de libre comercio, inversiones, propiedad
intelectual y servicios firmados por Colombia, deteniendo la aprobación de
nuevas normas, tratados y acuerdos internacionales de cooperación que vulneren
la producción agropecuaria nacional. Exigimos que se priorice la integración
con los pueblos de Nuestra América Latina y el Caribe, en el marco de la
protección de la producción nacional. Entretanto, exigimos que todo tratado de
comercio internacional, inversiones, propiedad intelectual y servicios sean consultados
con el pueblo colombiano.
- Un régimen de subsidios que proteja la producción nacional, en especial a los
sectores afectados por la apertura, en la cual se establezca por parte del
Estado precios de sustentación rentables y seguros de cosecha. De igual manera,
exigimos la instauración de un sistema de compra y distribución estatal de
alimentos y productos agropecuarios, así como establecer subsidios al
transporte de alimentos y productos de comunidades campesinos, indígenas y
afros.
- Un plan de choque para el estímulo a la producción de alimentos básicos por
parte de los pequeños productores, que tendrá como base el apoyo a la economía
campesina en los términos propuestos en el punto anterior. Así como el
fortalecimiento de los mercados campesinos y locales, buscando la integración
regional, en el marco de las prácticas de comercio justo y eliminando la figura
de los intermediarios.
- Una política de apoyo a la transformación de alimentos y productos
agropecuarios desde las comunidades rurales, generando procesos de
industrialización acordes con los intereses de las mismas.
- La prohibición de la importación de los productos agropecuarios estratégicos
para la economía nacional.
- La derogación de las leyes de semillas que regulan su propiedad intelectual
(patentes y derechos de obtentores vegetales), y que propician su
privatización, de manera que el gobierno deje de perseguir al campesinado por
guardar, proteger o intercambiar semillas. Exigimos que no aplique las leyes
1032 de 2006 y la 1518 de 2012 y derogue la resolución 970 del ICA.
- La creación de un sistema nacional, regional y local de promoción y apoyo a
la producción, selección, multiplicación y difusión de semillas originarias,
que no tengan registro de propiedad intelectual, ni normas que controlen la
producción, la libre circulación y comercialización por las comunidades
campesinas, indígenas y afrocolombianas. Así como el apoyo económico y técnico,
de forma descentralizada, para el establecimiento de casas custodios de
semillas, manejadas y controladas por las organizaciones y comunidades
agrarias.
- Enfocar la propuesta investigativa y académica de las universidades según el
contexto y las necesidades del agro colombiano, en particular de los pequeños
productores, reconociendo y articulando los saberes y conocimientos propios
ancestrales e históricos de campesinos, indígenas y afrodescendientes.
- El avance en la protección de la soberanía alimentaria nacional desde lo
local y que sea declarada como utilidad pública, interés social y bien común de
la nación.
- La reglamentación del capítulo VII de la ley 70, en lo relacionado con el
fomento al desarrollo de los territorios colectivos y tradicionales afro. Dicha
reglamentación se hará conforme a la consulta previa y el consentimiento libre,
previo e informado de los pueblos.
- Financiación del sector agrario, en particular del fortalecimiento de la
pequeña y mediana producción especialmente de alimentos mediante un fondo
nacional cuyos recursos provengan, entre otros, de la eliminación de las
exenciones tributarias a grandes empresas de capital nacional y trasnacional,
así como de la explotación de recursos minero energéticos.
