Tercer punto del pliego de la cumbre

3. Minería, energía y ruralidad La mala gestión y el saqueo de los recursos naturales minero – energéticos afecta gravemente a la madre tierra y las comunidades rurales, genera impactos ambientales que ponen en riesgo la vida de los pueblos y la biodiversidad, persigue y criminaliza a los pequeños mineros, y solo beneficia las empresas transnacionales que se enriquecen gracias al modelo económico impulsado por el gobierno colombiano. En ese marco, reivindicamos la necesidad de construir un nuevo modelo minero–energético basado en la soberanía nacional, el aprovechamiento planificado, el desarrollo tecnológico propio, la protección ambiental y la redistribución de los rendimientos generados por las actividades mineras y energéticas. Por lo anterior exigimos: - Que se inicie un proceso democrático de discusión de una nueva política nacional minero–energética, con participación efectiva de las comunidades campesinas, indígenas, afro y los pequeños mineros tradicionales y de sobrevivencia, a través de un ejercicio de legislación popular e incluyente. - Exigimos la reformulación de un nuevo modelo de redistribución de las rentas petrolera y minero-energética, con el fin de fomentar, promover e invertir en el desarrollo rural y urbano; y obtener mayores recursos para la inversión social y la garantía de los derechos de las comunidades. - Detener la concesión de títulos mineros y la adjudicación de bloques petroleros, hasta tanto se defina concertadamente con las comunidades rurales y los trabajadores del sector la política minero- energético del país. - Una moratoria minera que congele la adjudicación de títulos mineros en todo el país. La moratoria se aplicará hasta que se den condiciones reales para una explotación minera razonable para el país y las comunidades. - La reversión de los bloques petroleros y las concesiones otorgadas a las multinacionales en casos de grave deterioro ambiental, detrimento de los recursos de la nación y violación de los derechos de los trabajadores. - La reversión de todos los títulos mineros que se han aprobado en territorios ancestrales, indígenas y afros sin haber efectuado la consulta previa, libre e informada. - Que no se aprueben nuevos títulos mineros en territorios ancestrales, en territorios indígenas y afros, sin pasar por el requisito de la consulta en la que se garantice el derecho prevalente de las comunidades étnicas a ser beneficiarias de las concesiones y se brinden garantías para la minería artesanal. - Que deje de considerarse la minería como actividad de utilidad pública y de interés social de la nación. - Que en el desarrollo de la política minera se garantice el estricto respeto por el agua, los páramos, bosques, áreas protegidas, zonas de biodiversidad y agroalimentarias, fuentes de agua y todos los ecosistemas estratégicos para la vida y la biodiversidad. Por lo anterior, que no se apruebe ningún título minero en dichos territorios. - En ningún caso se aprueben proyectos minero–energéticos, (títulos, concesiones y similares) sin el requisito de la licencia social, es decir, sin la autorización derivada de la realización de consultas campesinas y populares en los territorios que puedan verse afectados. Tales consultas se realizarán durante la fase de solicitud del proyecto, del título o la concesión. - Suspender la implementación de megaproyectos hidroeléctricos que afecten los territorios y comunidades campesinas, indígenas y afros, y promover la implementación de alternativas de abastecimiento energético a partir de tecnologías apropiadas y limpias. - Revocar las licencias ambientales de megaproyectos hidroeléctricos, hasta tanto no se tenga una comisión nacional de represas que garantice el cumplimiento de las demandas de los afectados por las hidroeléctricas. - La reestructuración de la fórmula que define los precios de combustibles, para garantizar un costo de vida más equitativo para el conjunto de la población, procurando la regulación ambiental de la extracción, procesamiento y comercialización de hidrocarburos. - Reconocer y reparar a las víctimas y afectados por los proyectos minero-energéticos e hidroeléctricos. - Suspender los proyectos de fracking apelando de principio de precaución.

En el campo y la ciudad vamos a parar!!!

Segundo punto del pliego de exigencias de la cumbre agraria campesina, étnica y popular.

2. La economía propia contra el modelo de despojo

El avance y profundización del modelo neoliberal ha generado graves perjuicios a la economía nacional, en especial a las formas de producción, comercialización y consumo propias de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas. Lo anterior ha impactado negativamente la soberanía alimentaria de los pueblos y de la nación. Las normas que regulan el libre mercado han generado un modelo de despojo que afecta el buen vivir de las y los pequeños productores, favoreciendo los intereses de latifundistas y multinacionales del agro. Como resultado se han afectado no solo los intereses económico de las comunidades rurales, sino las prácticas culturales y de vida asociadas a estos.

Por lo anterior, Exigimos:

- La transformación del modelo productivo del país, apuntando a una política económica planificada y agroecológica, que regule el mercado, basada en el fortalecimiento de la economía campesina, ind ue se debe impulsar un ento a unao del paenamineto terrstencia de las comunidades agrarias. las comunidades campsinas os y comuígena y afrocolombiana. Ese nuevo modelo debe impulsar un sistema de economía campesina que desarrolle una política pública para recuperar el campo colombiano de la quiebra generada por las políticas aperturistas y de libre comercio.

- La implementación de una política que restrinja y regule el uso y precio de los agroquímicos, así como el inicio de un proceso de reconversión de la producción nacional hacia un modelo agroecológico, creando un sistema nacional de asistencia técnica basada en el respeto al ambiente y a los saberes tradicionales de los pueblos y comunidades.

- Condonación de las deudas y retiro de los embargos a tierras y propiedades del campesinado adquiridas a través del sistema financiero y acceso al crédito agropecuario con tasas no determinadas por la lógica de mercado.

- Creación y fortalecimiento de cooperativas de ahorro para el campesinado y comunidades rurales, con financiación del Estado y dirigidas por las organizaciones comunitarias.

- El desmonte de todos los tratados de libre comercio, inversiones, propiedad intelectual y servicios firmados por Colombia, deteniendo la aprobación de nuevas normas, tratados y acuerdos internacionales de cooperación que vulneren la producción agropecuaria nacional. Exigimos que se priorice la integración con los pueblos de Nuestra América Latina y el Caribe, en el marco de la protección de la producción nacional. Entretanto, exigimos que todo tratado de comercio internacional, inversiones, propiedad intelectual y servicios sean consultados con el pueblo colombiano.

- Un régimen de subsidios que proteja la producción nacional, en especial a los sectores afectados por la apertura, en la cual se establezca por parte del Estado precios de sustentación rentables y seguros de cosecha. De igual manera, exigimos la instauración de un sistema de compra y distribución estatal de alimentos y productos agropecuarios, así como establecer subsidios al transporte de alimentos y productos de comunidades campesinos, indígenas y afros.

- Un plan de choque para el estímulo a la producción de alimentos básicos por parte de los pequeños productores, que tendrá como base el apoyo a la economía campesina en los términos propuestos en el punto anterior. Así como el fortalecimiento de los mercados campesinos y locales, buscando la integración regional, en el marco de las prácticas de comercio justo y eliminando la figura de los intermediarios.

- Una política de apoyo a la transformación de alimentos y productos agropecuarios desde las comunidades rurales, generando procesos de industrialización acordes con los intereses de las mismas.

- La prohibición de la importación de los productos agropecuarios estratégicos para la economía nacional.

- La derogación de las leyes de semillas que regulan su propiedad intelectual (patentes y derechos de obtentores vegetales), y que propician su privatización, de manera que el gobierno deje de perseguir al campesinado por guardar, proteger o intercambiar semillas. Exigimos que no aplique las leyes 1032 de 2006 y la 1518 de 2012 y derogue la resolución 970 del ICA.

- La creación de un sistema nacional, regional y local de promoción y apoyo a la producción, selección, multiplicación y difusión de semillas originarias, que no tengan registro de propiedad intelectual, ni normas que controlen la producción, la libre circulación y comercialización por las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas. Así como el apoyo económico y técnico, de forma descentralizada, para el establecimiento de casas custodios de semillas, manejadas y controladas por las organizaciones y comunidades agrarias.

- Enfocar la propuesta investigativa y académica de las universidades según el contexto y las necesidades del agro colombiano, en particular de los pequeños productores, reconociendo y articulando los saberes y conocimientos propios ancestrales e históricos de campesinos, indígenas y afrodescendientes.

- El avance en la protección de la soberanía alimentaria nacional desde lo local y que sea declarada como utilidad pública, interés social y bien común de la nación.

- La reglamentación del capítulo VII de la ley 70, en lo relacionado con el fomento al desarrollo de los territorios colectivos y tradicionales afro. Dicha reglamentación se hará conforme a la consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos.

- Financiación del sector agrario, en particular del fortalecimiento de la pequeña y mediana producción especialmente de alimentos mediante un fondo nacional cuyos recursos provengan, entre otros, de la eliminación de las exenciones tributarias a grandes empresas de capital nacional y trasnacional, así como de la explotación de recursos minero energéticos.

Primer punto del Pliego de exigencias de la Cumbre Agraria

1. Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial

El país necesita un proceso de Ordenamiento Territorial donde sean las comunidades quienes redefinan la manera como se organiza la producción, se distribuye el uso del suelo, se gobierna el subsuelo, y se protegen el aire, el agua, los ecosistemas estratégicos y los medios de vida de las comunidades agrarias. Ese ordenamiento apuntará a armonizar la conservación del medio natural con el aprovechamiento para la pervivencia de las comunidades agrarias.

Exigimos:

- Que sean las comunidades y los pueblos quienes definan cuáles deben ser los usos del territorio y las maneras de habitarlo, conservarlo y cuidarlo conforme a las cosmovisiones de los pueblos y comunidades agrarias, de acuerdo a una política diferencial propia que incluya a las distinciones étnicas, regionales y productivas, y que garantice la seguridad jurídica para los territorios individuales y colectivos.

El ordenamiento territorial exigido tendrá como base la definición y el respeto de las figuras colectivas de gobierno propio y defensa del territorio, incluyendo:

Resguardos indígenas y territorios ancestrales
Territorios colectivos afrocolombianos
Zonas de Reserva Campesina

Zonas Agroalimentarias

Zonas de biodiversidad

Territorios interétnicos e interculturales

Otras formas de ejercicio de la territorialidad de las comunidades.

Estas tendrán el carácter de inalienables e imprescriptibles.

Las organizaciones, comunidades, autoridades y pueblos movilizados o que por decisión autónoma se incluyan en el proceso, desarrollaremos una ruta propia de definición de los términos del ordenamiento territorial para garantizar la permanencia en el territorio y convivencia interétnica e intercultural. Esa ruta propia hace parte de una iniciativa de paz impulsada por las organizaciones campesinas, indígenas, afro y urbano-populares que participen del proceso.

- Que el gobierno nacional nos dé garantías para la elaboración de esa ruta de ordenamiento territorial y que las figuras mencionadas sean consignadas en la normativa colombiana y sean reglamentadas conforme a las decisiones de las organizaciones, pueblos y comunidades participantes; incluyendo elreconocimiento constitucional de la territorialidad colectiva campesina y afro.

- Una política de reforma agraria integral que redistribuya y democratice la propiedad de la tierra, que desmonte el latifundio como expresión histórica de la desigualdad y genere acceso seguro a la tierra para quienes carezcan de ella, así como la garantía de la autonomía territorial para campesinos, indígenas y afro. Esa política de reforma agraria deberá construirse de la mano con las organizaciones rurales y urbano-populares.

Esta política debe tener un enfoque territorial y no simplemente de acceso a la tierra, de ahí que no se deba limitar a la dotación de tierra para las comunidades rurales, sino que redistribuya el conjunto de bienes comunes que se encuentran en los territorios rurales y en los márgenes entre lo rural y lo urbano, asegurando su cobertura, garantía y acceso para los pueblos indígenas, afro, campesinos y urbano-populares.

- La construcción de un fondo de tierras que se alimente de los predios despojados, que sean propiedad de narcotraficantes o que no cumplan con la función social de la propiedad, o que atenten contra su vocación natural (el caso de ciénagas y playones) y los baldíos apropiados ilegalmente por la agroindustria.

- Que se reconozcan los derechos históricos de los pueblos indígenas, el pueblo raizal y las comunidades afro a sus territorios, y en especial la propiedad colectiva inalienable de los resguardos indígenas, territorios ancestrales y territorios de las comunidades afro.

- Que se completen los procesos de titulación colectiva para pueblos indígenas y afros que aún están pendientes.

- Que se detengan todos los planes y proyectos que amenazan el goce de la tierra para las comunidades, entre ellas el derecho de superficie y los mercados de carbono en favor de empresarios nacionales o extranjeros, sobre los territorios y las tierras de campesinos, indígenas y afro. Consideramos que esas medidas son otra forma de despojo contra los pueblos.

- Que se aplique el derecho de prevalencia para los territorios de las comunidades indígenas, afro y campesinas, en caso de disputas con transnacionales, terratenientes y despojadores.

- Que la consulta previa, y el consentimiento previo libre e informado, se extienda a las comunidades campesinas, extendiendo la aplicación del convenio 169 de la OIT.

- Que se declaren nulas las compras masivas de tierras que han hecho las empresas que han violado la ley 160 de 1994, al adquirir más de las UAF autorizadas en dicha norma.

- Que los baldíos se destinen exclusivamente a garantizar el derecho a la tierra de los campesinos, trabajadores rurales, población afrocolombiana e indígena.
- Que se proscriban todas las formas de extranjerización de la tierra. En ningún caso personas naturales o jurídicas de origen extranjero podrán apropiarse, usar, arrendar superficie o generar ninguna forma de tenencia sobre la tierra.

- El cumplimiento y fortalecimiento de la legislación relativa a la extinción de dominio de las tierras que no cumplan con la función social y ambiental de la propiedad.

- La restitución integral de las tierras despojadas a las familias, comunidades y pueblos víctimas del desplazamiento forzado, teniendo en cuenta enfoques colectivos y énfasis comunitarios en tales procesos de reparación.

- La devolución de tierras expropiadas por endeudamiento campesino.

- El reconocimiento del enfoque diferenciado y con perspectiva de género del acceso, uso y goce del territorio y la tierra para las mujeres.

- La creación de una nueva institucionalidad pública para darle cumplimiento al nuevo ordenamiento territorial, la reforma agraria y la protección ambiental

Casanare: Lo que nos ocupa como movimiento social

Como generación, tenemos la triste casualidad histórica de ver el saldo ambiental de la explotación y saqueo petrolero en el departamento. Claro que ya lo veníamos pronosticando en cada uno de los talleres que hacíamos en las veredas. Y el pronóstico realmente no lo hacíamos nosotros, lo hacían los campesinos quienes, en muchos lugares, sólo veían las consecuencias de la exploración, no de la explotación que es sin duda mucho más lesiva para el agua y los ecosistemas. Pero entonces, si lo sabía el campesino, lo sabía el visitante, lo sabía el obrero, lo sabíamos todos, ¿qué pasó?

Las políticas, más allá del aparente consenso democrático de límpidas y honorables elecciones, representan lo que detrás del escenario es la confrontación por los recursos económicos. Desafortunadamente, como especie, como seres humanos, no fuimos capaces de manejar colectiva y racionalmente en el siglo XX, los recursos para no liquidarnos entre nosotros como depredadores. Afortunadamente, en el siglo XX gran parte de la humanidad cayó en cuenta de que era una labor que correspondía al pueblo organizado, porque los dueños de todo, los antiguos colonizadores y ahora potencias mundiales, nunca tomarían estas decisiones. La sed de riqueza, en todo y en todos, parece un caballo que se salió de la carreta de la humanidad y ha venido destrozando todo a su paso. No se explica de otra manera que hoy más de 700.000 barriles diarios de petróleo, con los alrededor de 15 millones de barriles de agua saqueada que esto implica, sean producidos para hacerle negocio al capital internacional de las multinacionales y al capital nacional de políticos que viven de depredar los bienes de los colombianos, en un ciclo corrupto de cada cuatro años. Un sistema de depredación hemos creado, y como pueblo no hemos podido sumar la fuerza necesaria para pararlo.

En Casanare la historia es réplica fiel de esta realidad. Un departamento que en los 80's era rico en flora, fauna y recursos hídricos. Decir que el pueblo casanareño no hizo nada sería una mentira completa. Una sociedad estructurada a partir de la producción agraria, se movilizó con el conjunto del campesinado para exigir un cambio en la política. Así lo hizo en el Foro Petrolero de 1991 en el municipio de Yopal, foro visionario donde el campesinado ya ponía el dedo señalando la catástrofe que vendría. Ese proceso campesino ha cambiado. Durante dos décadas seguidas luego de ese histórico Foro, el movimiento campesino fue sistemáticamente perseguido, desarticuladas sus organizaciones, desaparecidos sus miembros, y asesinado en un genocidio que para el departamento tiene similares magnitudes que las del genocidio de la Unión Patriótica, e insisto, estamos hablando de la población de un departamento pequeño.

Hoy, ante la crisis, diferentes voces están pronunciándose, incluso las asociadas desde siempre al poder político en el departamento. Manifiestan su indignación e incluso señalan a las compañías petroleras. ¿Es suficiente esto para el movimiento social? No es la primera vez que las clases políticas locales explotan una coyuntura mediática para acumular en su carrera electoral. Sin embargo, es seguro que por esta razón no se va a tocar el modo de producción y de asignación de recursos en el departamento ni en el país. Ni siquiera se está poniendo en tela de juicio el modelo de desarrollo minero energético, pues justamente esta semana la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales otorgaba otra licencia para la explotación petrolera en Paz de Ariporo y otros municipios. Nos corresponde poner ahí el punto: Quiénes producen, para quienes, desde dónde se decide esto. No somos los pueblos quienes estamos decidiendo sobre qué vamos a hacer con los territorios, a nosotros sólo nos están quedando los daños. Mientras no se cambie el modo de producción, seguirá la corrupción, el saqueo, los abusos.

Es claro entonces que como mujeres, campesinos, indígenas, trabajadores formales e informales, desempleados, tenemos que organizarnos. En este sentido, el movimiento social en Casanare enfrenta tres grandes retos. El primero de ellos, es vencer el miedo generado por décadas de sistemático exterminio promovido por las fuerzas estatales y para estatales. Es necesario continuar con los ejercicios de memoria y organización, para ir avanzando así, en la reconstrucción del sector campesino comunal en el departamento. El segundo reto, se refiere a que Casanare ya no es el departamento predominantemente rural que era hace décadas, sino que ha pasado por un proceso de urbanización creciente y ligado a dos fuerzas: la industria petrolera y la paramilitarización social que la sustenta. Yopal es ejemplo claro de esto, una ciudad de bandas criminales, con microtráfico extendido, con una alta tasa de homicidios. Esto nos plantea la necesidad de apuntarle a la construcción de un sector cívico popular, teniendo en cuenta la necesidad de reconstruir tejido social en medio de la guerra social impuesta. La difícil tarea requiere toda la creatividad de las organizaciones sociales para ir ganando campo en la posibilidad de la unidad de lo cívico popular con perspectivas más allá de la coyuntura.

En este sentido, encontramos el tercer reto, y es el uso que de esta población urbana ha hecho la clase política tradicional. A las crecientes demandas sociales, han sabido cooptarlas y aprovecharlas en beneficio propio, aumentando las divisiones y las posibilidades de un horizonte transformador en este sector de la población. Por eso el reto en este sentido es instaurar en las bases de un movimiento cívico popular que ya anda casi de manera espontánea en la ciudad, unas líneas de reflexión y educación política capaces de orientar la acción hacia el cambio de modo de producción, y no solo a la satisfacción de las reivindicaciones inmediatas, sin necesidad de negar estas últimas. La tarea es pues, construir bases en el movimiento cívico popular, que debido al cambio en la estructura social del departamento, es decisivo hoy para transformaciones políticas de fondo que permitan sacar a Casanare de la crisis y proponer desde el departamento al país otras formas de vida, basados en una relación verdaderamente racional como seres humanos frente a la naturaleza.

HISTORIAS DE BARRIO

Desde la ciudad de Bogotá, las comunidades y organizaciones sociales estamos en constante reflexión y análisis de la realidad que nos circunda. Es por ello que a través de la consolidación de procesos comunitarios nos pensamos, caminamos y construimos alternativas de Vida Digna.

Con el ánimo de fortalecer y consolidar el espacio de trabajo barrial en la UPZ 85, Bosa Centro, el Movimiento Juvenil Y Popular Quinua y las Juntas De Acción Comunal de los barrios Carlos Albán e Israelita, se dieron cita el sábado 5 de abril para dar a conocer a la comunidad los talleres que pretenden construir en conjunto y que han denominado “Historias de Barrio”.

 Por medio de actividades lúdicas, deportivas y físicas se dio a conocer a la comunidad los espacios creados para su activa participación. A este encuentro confluyeron niños y niñas, jóvenes, adultos mayores, madres y padres de familia que están convencidos que este tipo de actividades hacen que el espacio que habitan se torne más amable y les permita compartir y soñar como comunidad.

Extendemos la invitación a los habitantes de Bosa y de cualquier otro lugar, para que hagan parte de este proyecto, encaminado a fortalecer los lazos entre las comunidades, para que entre todos y todas construyamos Vida Digna.  

Vamos por la construcción de planes de Vida Urbanos

Las profundos desequilibrios generados por el modelo neoliberal, que derivo en la desindustrialización de las ciudades capitales e intermedias, que trajeron como consecuencia desempleo y altos índices de pobreza y marginalidad, por ende, descomposición y ruptura del tejido social. Luego es imperativo continuar la integración y participación de los sectores urbanos en la búsqueda de trabajo, acceso a la vivienda, servicios públicos, salud, educación, recreación y espacio público, en general condiciones dignas de habitar y construir la ciudad. Convocamos a los sectores sociales, barriales y populares a participar del Foro Alternativo Urbano y Popular a realizarse en la ciudad de Medellín del 5 al 7 de Abril.

Declaración política cumbre agraria

“El mundo es nuestro territorio y nuestro territorio es el Centro Oriente de Colombia, lo concebimos como el espacio natural y propio donde es posible nuestra vida, por eso lo defendemos con nuestras luchas sociales”

Movimiento Político de Masas, social y Popular del Centro Oriente de Colombia

Vamos por la construcción de

Planes de Vida Urbanos

Con la construcción del Plan de Vida, buscamos las garantías para  la Vida Digna, o como dicen nuestros hermanos indígenas el buen vivir, lo cual significa la armonización de nuestra acción con la existencia de la naturaleza y los demás seres, logrando un equilibrio dinámico. Por ello es necesario que las comunidades nos unamos.  Un plan de vida que debe estar construido por las bases urbanas producto del trabajo colectivo, la reflexión, la proyección de futuro, la planeación, la memoria colectiva y el análisis de cada realidad concreta en la lucha por el mínimo vital de nuestros pobladores.

Para ello hemos pensado en planificar nuestras acciones en comunidad y pensar en el cuidado y defensa de la vida, ante lo cual es imprescindible  conocer nuestras realidades, unir nuestras manos a las de nuestros compañeros, tomar nuestras herramientas, nuestros sueños y emprender este camino de transformación y dignidad.  El plan de vida propone los siguientes componentes:

1.       El afecto: Consiste en mantener y defender la Vida. En tanto que se posibilite cambiar desde la estructura social, la pobreza, el desempleo y el Hambre.  Buscamos con este eje por medio de Proyectos concretos el mejoramiento de las condiciones Materiales de VIDA.

Basados en los siguientes:

ü  Garantizar el alimento

ü  Tener una salud preventiva en concordancia con la medicina tradicional.

ü  Tener participación activa en la vida de la comunidad

ü  Tener el juego, el arte y la re-creación    como reguladores de la vida social

2.       El trabajo: Consiste en construir condiciones dignas, que busquen el respeto, la soberanía y la autonomía.  En contraposición a la Explotación laboral, el esclavismo, el abuso, la  tercerización, El abandono del Campo, el cambio de vocación de la tierra, la sobrexplotación de los recursos naturales. Teniendo en cuenta la capacidad de la comunidad, integrar formas de producción y comercialización colectiva haciendo uso de las tecnologías, teniendo como principio la autonomía económica y la soberanía de los territorios.

ü  Promover la creación de un sistema financiero local

ü  Mejorar el sistema de transporte y mercadeo

ü  Diseñar sistemas de producción adecuados al medio ecológico.

ü  Diseñar un sistema de Educación Superior que articule necesidades sociales y aptitudes personales.

ü  Establecer alianzas estratégicas para la transformación de materias primas locales.

ü  Diseñar un sistema comunicacional cuyo propósito básico sea la integración de los actores sociales.

3.       La convivencia: Consistente en la promoción, participación y formación de la comunidad en las decisiones que se toman en su territorio. Permitiendo una adecuación de las políticas de acuerdo a las verdaderas necesidades de cada territorio. Que busque la transformación de la Segregación social, manipulación, el sometimiento cultural, el individualismo, con la generación de una mayor apropiación y empoderamiento de las comunidades en sus territorios. Por medio de:

ü  Apropiación de los medios de producción

ü  Participación activa en las decisiones de la  comunidad por medio de las organizaciones sociales.

ü  Generar capacidad en el manejo administrativo de lo social y comunitario

4.       La permanencia: Consiste en generar a partir de la planificación, la interculturalidad y la defensa, procesos que garanticen la permanencia en los territorios. De manera que haga frente a la Sobrexplotación, los daños de los ecosistemas, los cambios de vida, el señalamiento político, el enriquecimiento de pocos y la pobreza.  La permanencia como comunidades históricas en nuestros territorios depende del tipo de acción que emprendamos hoy y de la planificación que hagamos. Teniendo en cuenta:

ü  Generar común- unidad

ü  Promover el equilibrio poblacional (vegetal, animal y humano)

ü  Fomentar el aprovechamiento de fuentes energéticas alternativas.

ü  Promover la recuperación y conservación de los ecosistemas estratégicos

ü  Autoproducción agrícola en el área urbana, a través de solares productivos, teniendo como base la producción de cultivos propios de la región, elaboración de mapas de tierras y producción, generando un plan alternativo de producción

Nuestro plan de vida debe reconocer los corredores biológicos, la protección de las micro-cuencas abastecedoras de agua, defendiendo nuestro territorio y biodiversidad en contra del capital trasnacional, identificando sus daños ambientales en ecosistemas estratégicos como humedales y reservas forestales.

Se hace necesaria y urgente la elaboración de dosier de violación  de derechos humanos y documentación de casos, procesos de lucha contra la impunidad, defensa de la vida y contra las agresiones del estado contra la población.

Como habitantes de la ciudad vivimos otra de las consecuencias que trae la explotación desmedida del capital nacional y extranjero. El precio de la gasolina es el más caro de Latinoamérica ya que los 300.000 barriles diarios que necesita el país se compran a más de 70 dólares cada uno, con este precio es que circula el 80 % de la gasolina regular en transportes públicos, transporte de personas y mercancía. Además, por un 10 % de aumento en el precio de los combustibles aumenta un 0,6 % el precio de la canasta familiar, la invitación es a fomentar espacios de debates académicos y movilizaciones sociales, por la defensa de la soberanía y la exigencia del 50 % en la reducción de los precios del combustible.

Entre las propuestas que surgieron de la cumbre agraria, cabe destacar las reivindicaciones por el acceso a los servicios públicos domiciliarios y el manejo público y comunitario del agua; la condonación de las deudas de los desconectados, los mínimos vitales y establecimiento de una tarifa social de los servicios públicos domiciliarios que corresponda a los costos reales de producción, la vivienda digna y el desmonte del uso del suelo controlado por el mercado; la reformulación de la ley orgánica del plan de ordenamiento territorial que necesariamente cuente con la participación efectiva de la población en la toma de decisiones; la consulta popular frente a los proyectos y mega-proyectos que nos afectan. Estas y las demás propuestas por la dignidad de los habitantes urbanos se contemplarán en una Reforma Urbana Integral.

Consideramos que en El foro social urbano alternativo y popular, debe ser un encuentro de procesos urbanos, que identifiquen los elementos comunes de estos procesos, que construya escenarios de encuentro y genere un pliego de reivindicaciones de los sectores urbanos, haciéndonos parte de las movilizaciones que se realizaran en el marco del paro nacional que se plantea en la cumbre agraria, campesina, étnica y popular

“En la inquebrantable organización y movilización social, lucha por la defensa del Territorio libre y soberano, permanencia en nuestro espacio, donde la VIDA con dignidad sea el pan que alimente al pueblo”.

¡POR UNA COLOMBIA LIBRE Y SOBERANA, UNIDAD Y LUCHA¡

MOVIMIENTO JUVENIL Y POPULAR QUINUA