Petróleo y militarización

Desde el 2011 varias comunidades alrededor del proceso de organizaciones sociales nos hemos venido encontrando en la palabra y en acciones, por la defensa de nuestro territorio, debido a que la explotación petrolera descomunal que lleva más de 30 años, ha dejado a su paso afecciones irreversibles a comunidades indígenas, campesinas y urbanas. 
Vemos con bastante preocupación la situación de Casanare, en donde actualmente existen 83 contratos de exploración y 50 de producción. Esta situación no es ajena al resto de departamentos con producción petrolera. La presencia en la región de multinacionales como Ecopetrol, Petrobras, Equión (antes British Petroleum) y Pacific Rubiales, se da gracias a que los contratos de concesión que la Agencia Nacional de Hidrocarburos le otorga a estas compañías responde a los objetivos del Modelo Extractivista de Juan Manuel Santos a través de su Locomotora Minero-Energética, para posicionar a Colombia como un país para la inversión y el progreso, generando y ocultando en la región casos como la para-militarización, el despojo y desplazamiento territorial.
Frente a esta problemática las organizaciones sociales compuestas tanto de sectores indígenas como campesinos y urbanos, hemos mancomunado esfuerzos por la defensa y la autonomía de los territorios que históricamente nos han pertenecido y luchamos para que nos sigan perteneciendo. Encontrando la organización y la movilización como el camino para la resistencia ante este modelo neoliberal que impera y arrasa.
Tenemos casos como el de Álvaro Salón Archila, indígena U’wa asesinado luego de oponerse a la explotación petrolera en Casanare, o los líderes sociales como Ernesto Roa y Pedro Carrillo del departamento del Meta, a quienes el Estado los puso presos por no callar ante la explotación desmedida por parte de La Occidental (ya puestos en libertad.) Pero además, en las recientes movilizaciones hemos visto el despliegue de la fuerza pública hacia la vulneración de los Derechos Humanos, mutilando y asesinando a decenas de personas que no soportan más las inclemencias de las desigualdades sociales y deciden hacerle frente a la situación. 
Recordemos el proceso de estigmatización,  individualización, señalización, desaparición y asesinato por parte del estado, practicas que han marcado la historia de nuestras luchas. Esta forma de para-militarización de la vida no ha sido reciente y no es la única: basta con mirar el despojo que han vivido las comunidades del Oriente del país como Casanare tras el paso de los paramilitares, los cuales apuntaron no a contrarrestar únicamente la expansión guerrillera, sino a acabar totalmente con los tejidos de organización social, como sucedió con Jesús María Jiménez y Carlos Arrigui quienes fueron asesinados en 1991 y 1995 respectivamente, por ser líderes sociales que recogidos bajo La ANUC –Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. 
Estos acontecimientos muestran como las grandes Multinacionales acudieron al para-militarismo, auspiciado siempre por el mismo Estado, para defender sus intereses, como ocurrió con la Brigada XVI, que desvía sus operaciones justo antes que los paramilitares incursionaran contra la población. Esta dinámica de control es aún más grande, ya que para poder obtener los terrenos, en el caso en que no se tienen concesiones, se despliega toda una oleada paramilitar con el fin de arrasar todo sin reparo y obtener el territorio que se desea; luego, se instala la maquinaria de exploración y/o explotación y con ello una fuerza de seguridad, no para el pueblo afectado, sino para las multinacionales y sus intereses, como la fuerza militar y policial que salvaguarda las instalaciones, bajo la excusa de presencia guerrillera, a la par que la Agencia Nacional de Hidrocarburos da la autorización “legal” para explotar y extraer. Todo este proceso se financia gracias al capital de las multinacionales, las cuales junto con el Estado, generan de una u otra manera la forma de mantener en pie la explotación de la zona, eliminando el tejido social organizado, implantando una relación de dependencia ante la petrolera y generando lógicas de consumo en una sociedad cada vez más dependiente. 
Como habitantes de la ciudad vivimos otra de las consecuencias que trae la explotación desmedida del capital nacional y extranjero. El precio de la gasolina es el más caro de Latinoamérica ya que los 300.000 barriles diarios que necesita el país se compran a más de 70 dólares cada uno, con este precio es que circula el 80 % de la gasolina regular en transportes públicos, transporte de personas y mercancía. Además, por un 10 % de aumento en el precio de los combustibles aumenta un 0,6 % el precio de la canasta familiar.
Para la producción de un barril se necesitan 10 dólares y en un campo como Trinidad que produce 1.200 barriles da un costo real de 12.000 dólares y la ganancia es de 102.000 de dólares, es decir cerca de 204 millones de pesos diarios que van a parar a las cuentas de inversionistas privados.
La problemática de la explotación no acaba aquí, para la producción de 1´000.000
de barriles diarios se están utilizando 15´000.000 de barriles de agua, líquido vital que es sacado de las fuentes hídricas de los páramos y del subsuelo de la nación.
Otro de las grandes elementos que se han encontrado para la explotación es la Shale Gas que se considera como una nueva forma de explotación convencional. Este proceso consta de una perforación horizontal y un fracturamiento a más de 7.000 pies de profundidad para poder extraer el gas atrapado en roca con bajísima permeabilidad. Para este procedimiento es necesario muchísima más cantidad de agua y transporte que una explotación convencional. Ecopetrol ha dicho públicamente que se comenzará la exploración de la Shale Gas en la sabana y alrededores de Bogotá, para lo cual cabe la pregunta: ¿Qué pasará con nuestras fuentes hídricas que suplen los servicios públicos de la ciudad?
Nosotros al calor de la organización y la movilización, le apostamos al reclamo por el respeto y la permanencia en nuestros territorios, la defensa del agua y los recursos naturales, a que se respeten los derechos de los pueblos y a que desaparezca la locomotora y su modelo extractivista. Siguiendo el ejemplo de comunidades organizadas como la consulta popular en Tauramena que dijo NO a la sísmica, el juzgamiento a Pacific Rubiales en el Meta y el cabildo abierto por la defensa de la laguna de Lipa en Arauca, entendemos este año 2014 como un año de luchas y movilizaciones, en donde los que sufrimos las desigualdades sociales, levantaremos la voz y el puño por una política minero-energética justa, una rebaja del 50% en el precio de los combustibles, el libre ejercicio de la protesta social, entre otras razones de lucha que se alzan y se alzarán por un proyecto que esté evocado siempre a la vida digna.